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Los representantes de los indígenas peruano no ha recibido bien el Informe de una comisión gubernamental sobre el caso Bagua.

La Comisión analizó el proceso que devino en la muerte de 24 policías y nueve civiles en la selva de Bagua, en el norte amazónico peruano, durante las protestas de junio del 2009. Los representantes han decidido secundar un paro que tiene lugar el martes 22 de febrero. A continuación las razones.
 Antecedentes
Perú, región Amazonas (fronteriza con Ecuador), Provincia de Utcubamba, Bagua, en plena carretera marginal de la selva, en la zona denominada Corral Quemado, en la curva del diablo los días 5 y 6 de junio del 2009 indígenas de varias etnias se enfrentan a la policía. Han estado en huelga más de 30 días exigiendo al gobierno del social demócrata, Alan García, ser escuchados. Exigen la derogación de una serie de decretos que consideran que atentan contra sus derechos ancestrales de posesión de la tierra.
 

El enfrentamiento es cruel. Se cruzaron las balas. Volaron las lanzas. Es un día trágico para los peruanos. Ese día cayeron 24 policías y 9 civiles.
 

La selva pide explicaciones. El Gobierno endurece sus posiciones. El Ministerio de Transporte cancela permisos a operadoras de radio locales. Se acusa desde las esferas gubernamentales a ciertos sectores de la Iglesia como el vicariato de Jaén de haber azuzado a los comuneros.
 

La policía sigue buscando víctimas. Hasta el momento en que se escribe este informe, un mayor de la policía sigue sin aparecer. En las investigaciones policiales para encontrar a los responsables penales de lo ocurrido en junio del 2009 una foto reveló el momento en que un miembro de la policía, el Mayor Bazán Soles es llevado a la fuerza por un grupo de indígenas. Todo indica que su cuerpo fue arrojado a las caudalosas aguas del río Utcubamba.
 

Todo es confusión y nadie parece querer escuchar la verdad del otro. Hay mucha rabia y mucho dolor en una zona donde los indígenas no toleran la presencia de la industria extractiva sustrato de su negativa aceptar los decretos que generaron los hechos de junio del 2009. Por lo tanto, cualquier discurso que marche contrario a esa posición exacerba los ánimos, incendia la pradera y deriva en niveles de violencia inimaginables, aún cuando este discurso pueda estar cargado de retórica, inexactitudes o manipulación abierta. A veces en el bosque es difícil identificar cual de ellas toma el discurso.
 

El Gobierno formó una comisión que elaboró un informe que debía determinar exactamente lo que pasó en la zona donde habita el diablo. Una suerte de Comisón de la Verdad para el caso Bagua. Sin embargo, no estaba en su mandato asignar responsabilidades políticas.

El informe ve la luz hace algunas semanas, a finales de diciembre. Su resultado no es aceptado por las dirigencias de las etnias indígenas. Se convoca una paralización para el martes 22 de febrero en toda la zona de selva. El aire caliente de la región Amazonas ha quedado suspendido en el aire.
 

Ambiente de tensión se respira en Bagua donde algunas organizaciones indígenas se sumarán a la jornada de protestas en rechazo al informe del llamado "Baguazo". Más de 1.500 efectivos de Operaciones Especiales están en Utcubamba. Hay helicópteros de la policía sobrevolando los alrededores. El objetivo, identificar grupos de nativos que podrían intentar bloquear las vías.
 

El Informe
El informe final que revisó el "Baguazo" responsabilizó al alto mando de la Policía Nacional por omisión e incumplimiento de funciones durante el operativo de desalojo.
 

Sin embargo, la comisión concluyó que la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, importante líder aprista, no tuvo responsabilidad en el operativo policial que dejó 34 muertos lo que es inaceptable para los sectores indígenas agrupados en AIDESEP, la principal organización étnica del Perú. ¿Puede una ministra del Interior no tener responsabilidades políticas o penales en un desastroso operativo policial que devino en 34 muertes? El debate está servido.

A ello hay que sumarle que el documento final de la Comisión no fue firmado por el representante de las comunidades, Jesús Manasés, quién discrepó por las conclusiones. Quien tampoco quiso suscribir el informe final por considerar sesgadas las conclusiones y que no explicaban los hechos fue la religiosa Mari Carmen Gómez.

En resumen, un informe de resultados poco satisfactorios desde el punto de vista de las organizaciones indígenas. Un informe, posiblemente herido de muerte, desde el momento en que se dividen, en dos bloques, los miembros de la comisión que lo elaboran, generando un informe aprobado en mayoría y otro por minoría.

Conclusiones
El informe detalla en sus conclusiones aspectos como la exclusión, el atraso de cientos de años, la desatención estatal, la falta de oportunidades entre otros aspectos. Detalles que pueden aportar y ser interesantes contar con ellos para el análisis posterior, sin embargo, las comunidades indígenas esperaban nombres, datos operativos, quién disparó, quién dio la orden, a que hora se ejecutó...lo que querían eran respuestas que garantizaran que en este caso no habría impunidad. Nada de esto se incluyó en el informe.
 

En este orden de cosas valdría la pena recordar la triste historia de Uchuraccay. En 1983 comuneros de esa localidad ayacuchana asesinaron a ocho periodistas de diversos medios. Habían llegado a investigar una masacre senderista. Los campesinos tomaron a los periodistas por terroristas. Los comuneros siguieron el consejo de los ''sinchis'', un cuerpo antiterrorista de la policía, para que mataran a todos los forasteros que llegaran por tierra ya que la policía, vendría en helicópteros. Guardando las distancias de tiempo y de las circunstancias, se formó, como en el "baguazo", una comisión investigadora. La presidió el escritor Mario Vargas Llosa y lo acompañaron diversos notables.
 

Se explicó el crimen por deficiencias civilizadoras de parte de los indígenas. Tres de los comuneros fueron condenados a quince años de reclusión. No se encontró corresponsabilidad en los "sinchis" ni tampoco hubo responsables al más alto nivel.
 

Es decir, que tanto en Bagua como en Uchuraccay las comisiones creadas para investigar y para ganarle el pulso a la impunidad siguen dejando enormes preguntas en el camino.

fuente: RNW